"Últimamente se han visto muchos casos de censura o de ponernos más trabas en la realización tanto de eventos como de cualquier actividad de estudiantes fuera del marco de la FEU".
En solidaridad con los estudiantes de Chile y Colombia, quienes demandan un sistema de educación gratuita en sus países, alumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) realizaron ayer una manifestación en Plaza de Armas a la Rectoría de la institución.
Fernanda Justo, alumna de la Licenciatura de Sociología, explicó que esta marcha también tiene el propósito de manifestar inconformidades de algunos estudiantes con la representación estudiantil de la UdeG y con algunas reformas, pues consideran que pueden poner a la Universidad en la misma situación que en los países de Sudamérica.
La universitaria manifestó que existe preocupación entre los alumnos por una propuesta de reforma curricular en las licenciaturas de la UdeG, que disminuiría el número de créditos y tiempo de las carreras, lo que a juicio del Frente Autónomo Universitario, les restaría contenido crítico.
Los integrantes del FAU realizan desde hace semanas foros en distintos centros universitarios para tratar de elaborar una propuesta que se presentará a la Rectoría General de la UdeG, sobre el tema de la reforma curricular, entre otros.
Justo mencionó que han tenido dificultades para obtener espacio en los auditorios de la institución para realizar los foros, o se les pide que sea la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) la que primero brinde una autorización para sus eventos.
"Como no nos sentimos representados por la federación estudiantil, ni por la de ahorita ni por la anterior, entonces, nosotros como estudiantes tenemos que conocer nuestras demandas y ahora sí empezar a organizarnos para tratar de resolverlas, y cómo vamos a hacer esto si no nos acercamos a los demás estudiantes, ese es el fin de los foros", añadió.
Dicha propuesta, elaborada por el frente, estará lista el próximo semestre y se entregará al Rector general.
Paulina Martínez, Mural (Comunidad p.11), Viernes 25 de Noviembre del 2011
viernes, 25 de noviembre de 2011
jueves, 24 de noviembre de 2011
En defensa de la universidad pública
En defensa de la universidad pública
Román Munguía Huato
MILENIO Jalisco, jueves 24 de noviembre de 2011.
Como afirman los estudiantes democráticos de la UdeG, en esta institución se han venido estableciendo políticas “que hace años se impusieron en países como Chile y Colombia, y que nos dirigen clara y velozmente a una situación similar, donde la educación gratuita es inexistente.”
La embestida del capitalismo neoliberal contra los bienes comunes, la cosa pública, incluye a la educación. El panorama actual de las universidades públicas mexicanas es un fiel reflejo de la situación nacional. La profunda crisis universitaria es una de las manifestaciones más visibles de la degradación social. Esta crisis es resultado fundamentalmente de la actual política neoliberal gubernamental, especialmente la del gobierno federal encabezada por Felipe Calderón. Pero esta crisis también tiene sus orígenes décadas atrás durante los sexenios priistas.
El impacto del neoliberalismo en la educación pública es de magnitud catastrófica: profundo deterioro de la calidad de la enseñanza en todos sus niveles escolares, deserción de alumnos, alto déficit de unidades educativas, rechazo de cientos de miles de jóvenes estudiantes en las universidades, aumento de colegiaturas, acelerada privatización gradual y relativa de la educación superior, incremento de las escuelas y universidades “patito”, rezago salarial y bajas percepciones monetarias del magisterio en general, complicidad entre las burocracias académicas, administrativas y gremiales, escasa investigación científica y una creciente reorientación a las necesidades empresariales, corrupción sindical, aviadurías (los dobleteros o tripleteros), fraudes y saqueos financieros, canonjías burocráticas (de los altos funcionarios), etcétera.
Este panorama de constante degradación educativa tiene como causas principales, por un lado, la reducción presupuestal como parte de la política de disminución del gasto social acorde a los lineamientos neoliberales establecidos por los grandes organismos financieros mundiales, por otro, la propia política de control corporativo estatal del grueso del magisterio nacional en todos sus niveles. Si algo ha permitido el avance de las consecuencias dañinas a la calidad educativa nacional es la regulación del Estado y de las directivas universitarias sobre los maestros bajo formas de control corporativo. Esto ha contribuido a mantener un férreo control salarial necesario a la reducción del gasto, y también al sentido ideológico de los contenidos pedagógicos en el sentido de incidir en el sistema educativo para inculcar el espíritu empresarial acorde a la nueva lógica del mercado “globalizado” y competitivo.
Es el rechazo legítimo a la privatización de la educación pública, en particular la universitaria, que decenas de miles de jóvenes estudiantes chilenos, colombianos y brasileños se han volcado a las calles a exigir sus derechos a la educación. Son estas protestas, especialmente la de los chilenos, las más emblemáticas por la defensa de la educación universitaria. Es muy cierto que, como afirma un grupo de instituciones educativas sudamericanas, “desde los diferentes espacios que conforman las universidades públicas de Latinoamérica se ha ido intensificando la postura colectiva de defensa de la educación superior como un bien público, frente a los intentos de transformarla en un servicio comercial con fines de lucro”.
Es dentro de esta perspectiva que el Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara (SPAUdeG) suscribió la Declaración de Toronto, emitida en mayo de 2003 por el sindicalismo democrático e independiente de Canadá, Estados Unidos y México: “la educación es un derecho humano fundamental; la educación debe seguir siendo un servicio público gratuito, no una empresa privada; la educación es un bien público, no una mercancía a ser negociada para las ganancias de gobiernos nacionales o estatales o por organismos multilaterales; la educación debe financiarse completamente por el gobierno y bajo control democrático para alcanzar equidad; el plan de estudios debe ser respetuoso, democrático y satisfacer las necesidades de la comunidad –niños, jóvenes y adultos; la educación debe respetar la diversidad cultural y promover igualdad entre y dentro de los países; los gobiernos no deben usar recursos públicos para financiar a escuelas o universidades privadas (el gobierno mexicano debe destinar el 8 por ciento del PIB); la educación no se debe incluir en el Área de libre cambio de las Américas (FTAA), ni en el Acuerdo General en Comercio de Servicios (GATS), u otros acuerdos comerciales, porque es un derecho social, no una mercancía; el gobierno debe mantener la capacidad de regular el interés público y de mantener o ampliar los servicios públicos”.
La defensa de la educación como un bien común, para beneficio de la sociedad entera, y no para beneficio de grupos de poder regidos por cacicazgos protegidos por el poder estatal, como es el caso de la Universidad de Guadalajara, es algo de vital importancia. Una condición necesaria para lograr tal reivindicación legítima es un proceso democratizador de la universidad y el aumento del presupuesto financiero educativo.
Como afirman los estudiantes democráticos de la UdeG, en esta institución se han venido estableciendo políticas “que hace años se impusieron en países como Chile y Colombia, y que nos dirigen clara y velozmente a una situación similar, donde la educación gratuita es inexistente. En la UdeG está en puerta una reforma curricular que continuará perpetuando la lógica neoliberal, aplicando una serie de medidas que disminuirán la calidad educativa, y otorgará beneficios extra para los dueños del poder. Nuestra educación hace tiempo que dejó de responder a las necesidades del pueblo que la mantiene, y es tiempo de rescatarla, de apropiárnosla y de dirigirla a la construcción de una mejor sociedad.”
Román Munguía Huato
MILENIO Jalisco, jueves 24 de noviembre de 2011.
Como afirman los estudiantes democráticos de la UdeG, en esta institución se han venido estableciendo políticas “que hace años se impusieron en países como Chile y Colombia, y que nos dirigen clara y velozmente a una situación similar, donde la educación gratuita es inexistente.”
La embestida del capitalismo neoliberal contra los bienes comunes, la cosa pública, incluye a la educación. El panorama actual de las universidades públicas mexicanas es un fiel reflejo de la situación nacional. La profunda crisis universitaria es una de las manifestaciones más visibles de la degradación social. Esta crisis es resultado fundamentalmente de la actual política neoliberal gubernamental, especialmente la del gobierno federal encabezada por Felipe Calderón. Pero esta crisis también tiene sus orígenes décadas atrás durante los sexenios priistas.
El impacto del neoliberalismo en la educación pública es de magnitud catastrófica: profundo deterioro de la calidad de la enseñanza en todos sus niveles escolares, deserción de alumnos, alto déficit de unidades educativas, rechazo de cientos de miles de jóvenes estudiantes en las universidades, aumento de colegiaturas, acelerada privatización gradual y relativa de la educación superior, incremento de las escuelas y universidades “patito”, rezago salarial y bajas percepciones monetarias del magisterio en general, complicidad entre las burocracias académicas, administrativas y gremiales, escasa investigación científica y una creciente reorientación a las necesidades empresariales, corrupción sindical, aviadurías (los dobleteros o tripleteros), fraudes y saqueos financieros, canonjías burocráticas (de los altos funcionarios), etcétera.
Este panorama de constante degradación educativa tiene como causas principales, por un lado, la reducción presupuestal como parte de la política de disminución del gasto social acorde a los lineamientos neoliberales establecidos por los grandes organismos financieros mundiales, por otro, la propia política de control corporativo estatal del grueso del magisterio nacional en todos sus niveles. Si algo ha permitido el avance de las consecuencias dañinas a la calidad educativa nacional es la regulación del Estado y de las directivas universitarias sobre los maestros bajo formas de control corporativo. Esto ha contribuido a mantener un férreo control salarial necesario a la reducción del gasto, y también al sentido ideológico de los contenidos pedagógicos en el sentido de incidir en el sistema educativo para inculcar el espíritu empresarial acorde a la nueva lógica del mercado “globalizado” y competitivo.
Es el rechazo legítimo a la privatización de la educación pública, en particular la universitaria, que decenas de miles de jóvenes estudiantes chilenos, colombianos y brasileños se han volcado a las calles a exigir sus derechos a la educación. Son estas protestas, especialmente la de los chilenos, las más emblemáticas por la defensa de la educación universitaria. Es muy cierto que, como afirma un grupo de instituciones educativas sudamericanas, “desde los diferentes espacios que conforman las universidades públicas de Latinoamérica se ha ido intensificando la postura colectiva de defensa de la educación superior como un bien público, frente a los intentos de transformarla en un servicio comercial con fines de lucro”.
Es dentro de esta perspectiva que el Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara (SPAUdeG) suscribió la Declaración de Toronto, emitida en mayo de 2003 por el sindicalismo democrático e independiente de Canadá, Estados Unidos y México: “la educación es un derecho humano fundamental; la educación debe seguir siendo un servicio público gratuito, no una empresa privada; la educación es un bien público, no una mercancía a ser negociada para las ganancias de gobiernos nacionales o estatales o por organismos multilaterales; la educación debe financiarse completamente por el gobierno y bajo control democrático para alcanzar equidad; el plan de estudios debe ser respetuoso, democrático y satisfacer las necesidades de la comunidad –niños, jóvenes y adultos; la educación debe respetar la diversidad cultural y promover igualdad entre y dentro de los países; los gobiernos no deben usar recursos públicos para financiar a escuelas o universidades privadas (el gobierno mexicano debe destinar el 8 por ciento del PIB); la educación no se debe incluir en el Área de libre cambio de las Américas (FTAA), ni en el Acuerdo General en Comercio de Servicios (GATS), u otros acuerdos comerciales, porque es un derecho social, no una mercancía; el gobierno debe mantener la capacidad de regular el interés público y de mantener o ampliar los servicios públicos”.
La defensa de la educación como un bien común, para beneficio de la sociedad entera, y no para beneficio de grupos de poder regidos por cacicazgos protegidos por el poder estatal, como es el caso de la Universidad de Guadalajara, es algo de vital importancia. Una condición necesaria para lograr tal reivindicación legítima es un proceso democratizador de la universidad y el aumento del presupuesto financiero educativo.
Como afirman los estudiantes democráticos de la UdeG, en esta institución se han venido estableciendo políticas “que hace años se impusieron en países como Chile y Colombia, y que nos dirigen clara y velozmente a una situación similar, donde la educación gratuita es inexistente. En la UdeG está en puerta una reforma curricular que continuará perpetuando la lógica neoliberal, aplicando una serie de medidas que disminuirán la calidad educativa, y otorgará beneficios extra para los dueños del poder. Nuestra educación hace tiempo que dejó de responder a las necesidades del pueblo que la mantiene, y es tiempo de rescatarla, de apropiárnosla y de dirigirla a la construcción de una mejor sociedad.”
miércoles, 23 de noviembre de 2011
¡¡Marcha por la educación!!
En Latinoamérica y el mundo, la educación enfrenta enormes problemas que el mismo desarrollo del sistema capitalista provoca. La creciente privatización, la mala calidad, los recortes presupuestarios, la inmensa cantidad de rechazados (60% de los aspirantes), la eliminación de contenidos críticos, la represión hacia los estudiantes que cuestionan, además de la utilización de la educación con meros fines de lucro, son algunos de los problemas a los que debemos hacer frente.
En México la situación no es otra, y en Guadalajara es aún más indignante, pues nuestra universidad pública es la primera en apropiarse de las reformas académicas y curriculares, impulsadas por organismos internacionales, y que pretenden volvernos no más que mano de obra barata para los mercados, utilizando además corrupta y descaradamente el presupuesto (que de por sí es poco) otorgado por el Estado para la inversión de empresas privadas que permiten el enriquecimiento de unos pocos a nombre de la cultura y la educación.
En la Universidad de Guadalajara se han venido implementando reformas que hace años se impusieron en países como Chile y Colombia, y que nos dirigen clara y velozmente a una situación similar, donde la educación gratuita es inexistente. En la UdeG está en puerta una reforma curricular que continuará perpetuando la lógica neoliberal, aplicando una serie de medidas que disminuirán la calidad educativa, pero otorgará beneficios extra para los dueños del poder.
Nuestra educación hace tiempo que dejó de responder a las necesidades del pueblo que la mantiene, y es tiempo de rescatarla, de apropiárnosla y de dirigirla a la construcción de una mejor sociedad.
¡Hacer esta defensa nos corresponde a todos!
La marcha saldrá el jueves 24 a las 19:30 de Plaza de Armas rumbo a Rectoría General de la UdeG. Invitamos a todos a participar, y si tienen instrumentos musicales, mantas, consignas, y demás, es todo bienvenido.
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