En defensa de la universidad pública

En defensa de la universidad pública


Román Munguía Huato

MILENIO Jalisco, jueves 24 de noviembre de 2011.

Como afirman los estudiantes democráticos de la UdeG, en esta institución se han venido estableciendo políticas “que hace años se impusieron en países como Chile y Colombia, y que nos dirigen clara y velozmente a una situación similar, donde la educación gratuita es inexistente.”

La embestida del capitalismo neoliberal contra los bienes comunes, la cosa pública, incluye a la educación. El panorama actual de las universidades públicas mexicanas es un fiel reflejo de la situación nacional. La profunda crisis universitaria es una de las manifestaciones más visibles de la degradación social. Esta crisis es resultado fundamentalmente de la actual política neoliberal gubernamental, especialmente la del gobierno federal encabezada por Felipe Calderón. Pero esta crisis también tiene sus orígenes décadas atrás durante los sexenios priistas.

El impacto del neoliberalismo en la educación pública es de magnitud catastrófica: profundo deterioro de la calidad de la enseñanza en todos sus niveles escolares, deserción de alumnos, alto déficit de unidades educativas, rechazo de cientos de miles de jóvenes estudiantes en las universidades, aumento de colegiaturas, acelerada privatización gradual y relativa de la educación superior, incremento de las escuelas y universidades “patito”, rezago salarial y bajas percepciones monetarias del magisterio en general, complicidad entre las burocracias académicas, administrativas y gremiales, escasa investigación científica y una creciente reorientación a las necesidades empresariales, corrupción sindical, aviadurías (los dobleteros o tripleteros), fraudes y saqueos financieros, canonjías burocráticas (de los altos funcionarios), etcétera.

Este panorama de constante degradación educativa tiene como causas principales, por un lado, la reducción presupuestal como parte de la política de disminución del gasto social acorde a los lineamientos neoliberales establecidos por los grandes organismos financieros mundiales, por otro, la propia política de control corporativo estatal del grueso del magisterio nacional en todos sus niveles. Si algo ha permitido el avance de las consecuencias dañinas a la calidad educativa nacional es la regulación del Estado y de las directivas universitarias sobre los maestros bajo formas de control corporativo. Esto ha contribuido a mantener un férreo control salarial necesario a la reducción del gasto, y también al sentido ideológico de los contenidos pedagógicos en el sentido de incidir en el sistema educativo para inculcar el espíritu empresarial acorde a la nueva lógica del mercado “globalizado” y competitivo.

Es el rechazo legítimo a la privatización de la educación pública, en particular la universitaria, que decenas de miles de jóvenes estudiantes chilenos, colombianos y brasileños se han volcado a las calles a exigir sus derechos a la educación. Son estas protestas, especialmente la de los chilenos, las más emblemáticas por la defensa de la educación universitaria. Es muy cierto que, como afirma un grupo de instituciones educativas sudamericanas, “desde los diferentes espacios que conforman las universidades públicas de Latinoamérica se ha ido intensificando la postura colectiva de defensa de la educación superior como un bien público, frente a los intentos de transformarla en un servicio comercial con fines de lucro”.

Es dentro de esta perspectiva que el Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara (SPAUdeG) suscribió la Declaración de Toronto, emitida en mayo de 2003 por el sindicalismo democrático e independiente de Canadá, Estados Unidos y México: “la educación es un derecho humano fundamental; la educación debe seguir siendo un servicio público gratuito, no una empresa privada; la educación es un bien público, no una mercancía a ser negociada para las ganancias de gobiernos nacionales o estatales o por organismos multilaterales; la educación debe financiarse completamente por el gobierno y bajo control democrático para alcanzar equidad; el plan de estudios debe ser respetuoso, democrático y satisfacer las necesidades de la comunidad –niños, jóvenes y adultos; la educación debe respetar la diversidad cultural y promover igualdad entre y dentro de los países; los gobiernos no deben usar recursos públicos para financiar a escuelas o universidades privadas (el gobierno mexicano debe destinar el 8 por ciento del PIB); la educación no se debe incluir en el Área de libre cambio de las Américas (FTAA), ni en el Acuerdo General en Comercio de Servicios (GATS), u otros acuerdos comerciales, porque es un derecho social, no una mercancía; el gobierno debe mantener la capacidad de regular el interés público y de mantener o ampliar los servicios públicos”.

La defensa de la educación como un bien común, para beneficio de la sociedad entera, y no para beneficio de grupos de poder regidos por cacicazgos protegidos por el poder estatal, como es el caso de la Universidad de Guadalajara, es algo de vital importancia. Una condición necesaria para lograr tal reivindicación legítima es un proceso democratizador de la universidad y el aumento del presupuesto financiero educativo.

Como afirman los estudiantes democráticos de la UdeG, en esta institución se han venido estableciendo políticas “que hace años se impusieron en países como Chile y Colombia, y que nos dirigen clara y velozmente a una situación similar, donde la educación gratuita es inexistente. En la UdeG está en puerta una reforma curricular que continuará perpetuando la lógica neoliberal, aplicando una serie de medidas que disminuirán la calidad educativa, y otorgará beneficios extra para los dueños del poder. Nuestra educación hace tiempo que dejó de responder a las necesidades del pueblo que la mantiene, y es tiempo de rescatarla, de apropiárnosla y de dirigirla a la construcción de una mejor sociedad.”

Embarazo forzado

"No se trata de una simple ley antiaborto. Es una legislación que obliga a la mujer a llevar a término un embarazo aun cuando sea producto de una violación o haga peligrar su vida. Es una legislación que resulta inaceptable.

Desde hace mucho tiempo la ley en la mayor parte de los Estados del País prohibía el aborto en general, pero lo permitía en caso de violación o de que la vida de la madre estuviera en peligro. El Distrito Federal amplió las causales hasta hacer el aborto disponible virtualmente a voluntad de la madre. La Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la legislación capitalina; pero la respuesta de los grupos conservadores, principalmente del PAN, pero también del PRI y de otros partidos, ha sido impulsar leyes en un amplio número de Estados que definen el inicio de la vida en el momento de la concepción. Con ello convierten a cualquier aborto en un homicidio, aun el que se lleva acabo por un embarazo producto de una violación o el que se vuelve necesario por razones de salud de la madre.

El aborto es un tema profundamente controvertido. No hay forma de hacer coincidir los puntos de vista de quienes lo concideran un homicidio o quienes lo ven como un derecho de la mujer. Pero aun cuando puedo entender el desagrado moral que muchos tienen ante el aborto, el cual no debe ser a mi juicio considerado como una simple forma de planificación familiar, obligar a una mujer a tener un hijo producto de una violación lleva esta posició a un extremo insostenible.

Todo esfuerzo por resolver el debate sobre el aborto con pruebas científicas está condenado al fracaso. No hay certeza de que la vida empiece en el momento de la concepción, en un instante específico del embarazo o en el momento del nacimiento. El tema es filosófico o religioso y no científico. La decisión siempre dependerá de la definición de "vida" que uno emplee.

Al definir el inicio de la vida en el momento de la concepción, los políticos conservadores han tomado la decisión de que una mujer es una simple vasija que debe llevar en su vientre el producto de un embarazo aun cuando éste haya sido forzado. Ella, en lugar del violador, se convierte en el criminal perseguido por la ley.

Respeto la posición de quienes se sienten agraviados por el aborto y están realmente dispuestos a hacer esfuerzos para disminuir el número de estas intervenciones. La estrategia más eficaz para ello es promover el uso de anticonceptivos que eviten los embarazos no deseados. Me parece hipócrita la posición de la Iglesia Católica que por una parte se pronuncia contra el aborto y por otra cuestiona el empleo de métodos anticonceptivos. Estoy de acuerdo, por otra parte, con el trabajo que hacen algunas organizaciones católicas para convencer a las mujeres embarazadas de no abortar y les ofrecen opciones de adopción o de empleo tras el nacimiento.

Lo que en conciencia no puedo aceptar es la posición de una sociedad que, después de que una mujer toma la dolorosa desición de abortar, con todo el impacto psicológico que ésto tiene para ella, todavía pretende castigarla con cárcel. Pero, además, castigar a una mujer por abortar cuando su embarazo es producto de una violación me parece llega a un grado de perversión.

"El embarazo forzado es una forma de esclavitud". La posición del Ministro Genaro Góngora de la Suprema Corte debería hacernos refelxionar a todos. Ni siquiera los más moralistas deberían tratar de obligar a una mujer a llevar a término un embarazo producto de una violación."

Sergio Sarmiento

(Mural, 29 de Julio del 2009)