"Para el grupo UdeG, la doctora Mercedes León tiene un pecado capital imposible de perdonar: esta profesora investigadora del Centro Universitario de los Valles (CUValles) es esposa de Bernardo Jaén, también académico en la UdeG en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, presidente de la organización civil Congreso Ciudadano y, lo peor, es uno de los líderes de los más de 600 profesores de dicha universidad que se han unido en el Consejo de Reflexión Universitaria para cuestionar, públicamente y con sólidos argumentos, la forma en que la cúpula universitaria gasta sus recursos financieros en negocios del espectáculo y en altísimos salarios y prestaciones para sus miembros, en vez de ejercerlos para mejorar la camtidad y calidad de la enseñanza e investigación.
La doctora León fue despedida. Ni se le renovó su contrato ni le dieron razón válida que justifique su salida después de casi siete años de trabajo académico; ni les importó a la Rectora, Mónica Almeida y al Secretario general del CUValles, José Luis Santana, su trayectoria de reconocimientos de la SEP, su perfil PROMEP (Programa de mejoramiento del profesorado), o el riesgo de riesgo de operatividad del Centro de Emprendimiento e Incubación de este Centro Universitario, que ella encabezaba, el cual recibe financiamiento de la SEJ y de la Secretaría de Promoción Económica para sus programas.
Todo indica que las amenazas en contra de los profesores que se han atrevido a exigir rendición de cuentas y congruencia en el gasto universitario, comienzan a cumplirse: "Hemos tenido represalias, intimidaciones, los profesores han recibido llamadas de atención de los Rectores, de los jefes de división, los han llamado a cuentas, a decirles que se calmen, que se tranquilicen, que se salgan del movimiento, que ya no sigan cuestionando", denunció Bernardo Jaén a MURAL (03/08/11).
Cualquier represión a la libertad de expresión es grave, pero lo es mucho más cuando se ejerce en el lugar concebido justamente para crear y transmitir con libertad el conocimiento: la Universidad. Cuando sus propios dirigentes intimidan a la comunidad universitaria para evitar que se cuestionen o denuncien irregularidades evidentes, su contribución para el desarrollo de la sociedad es mucho menor a la que podría aportar.
Y esto es justo lo que hasta ahora ha sucedido en la UdeG: a los alumnos se les utiliza como carne de cañón y a los académicos se les frena cualquier defensa o crítica pública a programas de Gobierno o hechos sociales, económicos o culturales, dependiendo si favorece o no los intereses del grupo en turno que controla. Porque se debe recordar que si ahora está en manos de Raúl Padilla y compañía, antes lo estaba en las de los hermanos Ramírez Ladewig. Por eso la libertad de expresión de, y en, la comunidad universitaria, les resulta amenazante.
Así, el dominio y la mordaza de los jeques universitarios se replican en otras instituciones fundamentales como el Congreso local. Ejemplo de ello es la tibieza o franca omisión con que Raúl Vargas, del PRD y Patricia Retamoza, del PRI -dos de los diputados locales que forman parte del Grupo UdeG-, en el caso de la presunta malversación del presupuesto legislativo por más de 300 millones de pesos, por parte de los ex coordinadores parlamentarios, del ex presidente de la Comisión de Administración (Jorge Arana, del PRI y actual diputado federal) y del ex Secretario General (Alfredo Argüelles, del PAN y actual diputado local) de la anterior Legislatura; así como en el caso de la permanencia del Auditor Estatal, Alonso Godoy, a pesar de los pagos injustificados por casi 10 millones de pesos que éste recibió de los anteriores diputados, de haber favorecido a su suegro con contratos millonarios y que la UdeG pagó a su familia 28 millones de pesos por unos terrenos en Autlán Navarro cuando el valor catastral era tan sólo de 344 mil 499 pesos. Favor con favor se paga.
¡Y cómo podrán pedir cuentas a su compañera diputada del PRI, Elisa Ayón, quien no se atraganta al confirmar que recibe 22 mil pesos al mes como sueldo, por ser directora de dos primarias urbanas (96 y 243), además de cobrar más de 100 mil por su ¿trabajo? legislativo! Los tres: Vargas, Retamoza y Ayón, son dirigentes del sistema educativo mexicano. Saque usted sus conclusiones."
MURAL, 05/08/11, p.7
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