A los padres de familia
A los trabajadores de la educación
A los medios de comunicación y periodistas
El decreto que permite deducir del ISR el pago de colegiaturas en escuelas privadas, coloca el servicio educativo en la lógica del gran capital y el mercado especulativo
A raíz del decreto de Felipe Calderón anunciado el 14 de febrero de 2011, que deduce de impuestos las colegiaturas en escuelas privadas, de manera inmediata, una caterva de lambiscones, sumisos, interesados y afines ideológicos al gobierno federal le aplaudieron. Una de los argumentos esgrimido por el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia es que “se establece una sana competencia” entre las escuelas privadas y públicas de educación básica y media superior.
El Estado está obligado garantizar el derecho a la educación del pueblo, a respetar los principios de laicidad, gratuidad, que sea con alcance nacional, con un carácter popular y democrático.
Así que no se trata de ninguna competencia sino de un derecho que es inalienable, intransferible e irrenunciable. Aun así preguntamos: ¿es sano que en un maratón compita una persona con discapacidad, con un atleta de alto rendimiento?, ¿compiten “sanamente” las tiendas de barrio con la transnacional Wal-Mart? Para los jilgueros del gobierno eso es “sana competencia”.
En las escuelas públicas, en especial en los barrios marginales, los grupos de alumnos tienen 40 y hasta 50, los que se apretujan en aulas de 4 por 6 metros, con mobiliario deplorable e insuficientes, anexos escolares pobres, con equipos de cómputo obsoletos cuando lo tienen, un solo maestro de educación física en escuelas hasta de 12 grupos y en otros no se tiene, al igual que se carece de personal de intendencia. Tienen plena vigencia de las llamadas “cuotas voluntarias de los padres de familia”, que fluctúan entre los 150 y 600 pesos anuales por alumno, sin contar la compra de uniformes, útiles escolares, cooperación para la cruz roja, festivales, kermeses y hasta para el teletón; así como el trabajo que aportan para pintar muros y herrería, reparar mobiliario, asear salones y áreas de la escuela, aportes que al no considerarse colegiaturas tampoco son deducibles de impuestos. Así que como dice la gente sencilla del pueblo, el cacareado decreto que aplaude Elba Esther Gordillo consiste en “hacer leña del árbol caído”
Tan duro ha pegado la crisis capitalista en las familias que envían sus hijos a las escuelas públicas, que su vida transcurre en la precariedad material, desempleados, con minisalarios, alimentación deficiente, núcleos desintegrados, sin biblioteca en casa, ni equipo de cómputo y bajo la terrible presión de un contexto familiar y comunitario que les arrebata los sueños a niños y jóvenes, les merma las ilusiones, la esperanza de vivir en un mundo más justo y humano.
Dicho en forma abreviada, el decreto en comento, consiste en trocar el servicio educativo que reciben millones de estudiantes en todo el país, en mercancía al mejor postor.
El caudal que dejará de cobrar el fisco por concepto de Impuesto Sobre la Renta, impactará negativamente en el incremento y mejora de los edificios de las escuelas públicas; en la contratación de profesores, administrativos y de apoyo de carácter definitivo; en el rango alumno maestro cuyo ideal es menor a 20; en general para invertir en educación pública, básica, media superior y superior en porcentaje igual o mayor al doce por ciento del Producto Interno Bruto. Fomentará los bajos salarios de los trabajadores de la educación (los más precarios del mundo), sin embargo seguirán los ofensivos salarios en la alta burocracia, los gastos onerosos por representación, los viajes, el respaldo a las empresas privadas y las fiestas a costillas del dinero público.
Tal concesión a los colegios privados, sería suficiente para el otorgamiento universal de útiles escolares, uniformes y desayunos para los alumnos de educación básica del país o en su caso para la construcción de bibliotecas públicas dentro y fuera de las escuelas; laboratorios, comedores comunitarios y unidades deportivas.
Que Felipe Calderón se deje de puntadas y, cese de mamar el dinero que quita a los trabajadores para dárselo a los estratos sociales que mejores ingresos tienen.
Ese decreto que tanto reviró la prensa, radio y televisión, lo rechazamos porque:
· Es una medida que violenta el derecho a la educación pública y tiene dedicatoria para quienes pagan colegiaturas en las escuelas privadas y confesionales.
· Beneficia a la burguesía y pequeña burguesía de más altos ingresos.
· Abre un déficit enorme en el erario público que pudiera usarse en las necesidades prioritarias de las escuelas públicas.
· No beneficia a los más pobres, sino que los margina y ofende.
· Las cuotas que aportan los padres de familia en las escuelas públicas, no son deducibles de impuestos y quienes las administran, no tiene personalidad jurídica para emitir facturas y recibos.
· Es una medida electorera que busca conquistar un segmento de la población cercano ideológicamente al gobierno.
· El CEN del SNTE en lugar de repudiar el decreto que afecta a la escuela pública, se ha convertido en el principal bufón del gobierno y aliado en la privatización educativa.
· El decreto sintetiza uno de los aspectos de la reciente reforma a la Ley General de Educación que pomposamente llaman incremento a la “participación social”.
· El CEN de SNTE no sólo ha renegado del lema: “Por la educación al servicio del pueblo”, además se ha entregado a los más oscuros y perversos intereses de la clase en el poder y el gobierno que le sirve.
El decreto, legitima el hijo putativo de Gordillo y Calderón llamado ACE (Alianza por la Calidad de la Educación) e introduce el servicio público en la lógica del gran capital y el mercado, colocándolo como una mercancía con la que se puede especular, conquistar mercados y crear monopolios.
El MBM al unísono con el Movimiento Democrático agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las organizaciones abajo firmantes, repudian este decreto que pretende dar un paso más hacia la privatización del derecho del pueblo a la educación.
Los obreros, profesores, los trabajadores con vergüenza y dignidad, los padres de familia, los estudiantes, el pueblo todo, defenderemos hasta sus últimas consecuencias este legado histórico.
¡En defensa de la educación pública!
Tacubaya, Lagos de Moreno Jalisco 26 de febrero de 2011
Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda (STUHM); Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (SUACOBACH Jal.); Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEPSIAPA); Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara (SPAUdeG); Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC); Sindicato Zapopan OPD (Hospitalito); Colectivo Estudiantil en Lucha (COLESLU); Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Movimiento de Bases Magisteriales (MBM)
A los trabajadores de la educación
A los medios de comunicación y periodistas
El decreto que permite deducir del ISR el pago de colegiaturas en escuelas privadas, coloca el servicio educativo en la lógica del gran capital y el mercado especulativo
A raíz del decreto de Felipe Calderón anunciado el 14 de febrero de 2011, que deduce de impuestos las colegiaturas en escuelas privadas, de manera inmediata, una caterva de lambiscones, sumisos, interesados y afines ideológicos al gobierno federal le aplaudieron. Una de los argumentos esgrimido por el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia es que “se establece una sana competencia” entre las escuelas privadas y públicas de educación básica y media superior.
El Estado está obligado garantizar el derecho a la educación del pueblo, a respetar los principios de laicidad, gratuidad, que sea con alcance nacional, con un carácter popular y democrático.
Así que no se trata de ninguna competencia sino de un derecho que es inalienable, intransferible e irrenunciable. Aun así preguntamos: ¿es sano que en un maratón compita una persona con discapacidad, con un atleta de alto rendimiento?, ¿compiten “sanamente” las tiendas de barrio con la transnacional Wal-Mart? Para los jilgueros del gobierno eso es “sana competencia”.
En las escuelas públicas, en especial en los barrios marginales, los grupos de alumnos tienen 40 y hasta 50, los que se apretujan en aulas de 4 por 6 metros, con mobiliario deplorable e insuficientes, anexos escolares pobres, con equipos de cómputo obsoletos cuando lo tienen, un solo maestro de educación física en escuelas hasta de 12 grupos y en otros no se tiene, al igual que se carece de personal de intendencia. Tienen plena vigencia de las llamadas “cuotas voluntarias de los padres de familia”, que fluctúan entre los 150 y 600 pesos anuales por alumno, sin contar la compra de uniformes, útiles escolares, cooperación para la cruz roja, festivales, kermeses y hasta para el teletón; así como el trabajo que aportan para pintar muros y herrería, reparar mobiliario, asear salones y áreas de la escuela, aportes que al no considerarse colegiaturas tampoco son deducibles de impuestos. Así que como dice la gente sencilla del pueblo, el cacareado decreto que aplaude Elba Esther Gordillo consiste en “hacer leña del árbol caído”
Tan duro ha pegado la crisis capitalista en las familias que envían sus hijos a las escuelas públicas, que su vida transcurre en la precariedad material, desempleados, con minisalarios, alimentación deficiente, núcleos desintegrados, sin biblioteca en casa, ni equipo de cómputo y bajo la terrible presión de un contexto familiar y comunitario que les arrebata los sueños a niños y jóvenes, les merma las ilusiones, la esperanza de vivir en un mundo más justo y humano.
Dicho en forma abreviada, el decreto en comento, consiste en trocar el servicio educativo que reciben millones de estudiantes en todo el país, en mercancía al mejor postor.
El caudal que dejará de cobrar el fisco por concepto de Impuesto Sobre la Renta, impactará negativamente en el incremento y mejora de los edificios de las escuelas públicas; en la contratación de profesores, administrativos y de apoyo de carácter definitivo; en el rango alumno maestro cuyo ideal es menor a 20; en general para invertir en educación pública, básica, media superior y superior en porcentaje igual o mayor al doce por ciento del Producto Interno Bruto. Fomentará los bajos salarios de los trabajadores de la educación (los más precarios del mundo), sin embargo seguirán los ofensivos salarios en la alta burocracia, los gastos onerosos por representación, los viajes, el respaldo a las empresas privadas y las fiestas a costillas del dinero público.
Tal concesión a los colegios privados, sería suficiente para el otorgamiento universal de útiles escolares, uniformes y desayunos para los alumnos de educación básica del país o en su caso para la construcción de bibliotecas públicas dentro y fuera de las escuelas; laboratorios, comedores comunitarios y unidades deportivas.
Que Felipe Calderón se deje de puntadas y, cese de mamar el dinero que quita a los trabajadores para dárselo a los estratos sociales que mejores ingresos tienen.
Ese decreto que tanto reviró la prensa, radio y televisión, lo rechazamos porque:
· Es una medida que violenta el derecho a la educación pública y tiene dedicatoria para quienes pagan colegiaturas en las escuelas privadas y confesionales.
· Beneficia a la burguesía y pequeña burguesía de más altos ingresos.
· Abre un déficit enorme en el erario público que pudiera usarse en las necesidades prioritarias de las escuelas públicas.
· No beneficia a los más pobres, sino que los margina y ofende.
· Las cuotas que aportan los padres de familia en las escuelas públicas, no son deducibles de impuestos y quienes las administran, no tiene personalidad jurídica para emitir facturas y recibos.
· Es una medida electorera que busca conquistar un segmento de la población cercano ideológicamente al gobierno.
· El CEN del SNTE en lugar de repudiar el decreto que afecta a la escuela pública, se ha convertido en el principal bufón del gobierno y aliado en la privatización educativa.
· El decreto sintetiza uno de los aspectos de la reciente reforma a la Ley General de Educación que pomposamente llaman incremento a la “participación social”.
· El CEN de SNTE no sólo ha renegado del lema: “Por la educación al servicio del pueblo”, además se ha entregado a los más oscuros y perversos intereses de la clase en el poder y el gobierno que le sirve.
El decreto, legitima el hijo putativo de Gordillo y Calderón llamado ACE (Alianza por la Calidad de la Educación) e introduce el servicio público en la lógica del gran capital y el mercado, colocándolo como una mercancía con la que se puede especular, conquistar mercados y crear monopolios.
El MBM al unísono con el Movimiento Democrático agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las organizaciones abajo firmantes, repudian este decreto que pretende dar un paso más hacia la privatización del derecho del pueblo a la educación.
Los obreros, profesores, los trabajadores con vergüenza y dignidad, los padres de familia, los estudiantes, el pueblo todo, defenderemos hasta sus últimas consecuencias este legado histórico.
¡En defensa de la educación pública!
Tacubaya, Lagos de Moreno Jalisco 26 de febrero de 2011
Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda (STUHM); Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (SUACOBACH Jal.); Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEPSIAPA); Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara (SPAUdeG); Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC); Sindicato Zapopan OPD (Hospitalito); Colectivo Estudiantil en Lucha (COLESLU); Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Movimiento de Bases Magisteriales (MBM)
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